En marcha, Resolución 54 para la protección al consumidor

ConsumidorPara la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno, entró en vigor desde principios de este mes de junio la Resolución 54 del 2018 del Ministerio de Comercio Interior. La puesta en marcha de este instrumento jurídico constituye un paso previo a la futura Ley de Protección al Consumidor.

La Resolución 54/18 se proyecta por detener las violaciones con la mala calidad de alimentos y artículos en venta con perjuicios en peso o en el cobro de las mercancías, entre otros.

Además, establece los deberes y derechos de los clientes, y las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios estatales o de los nuevos modelos de gestión.

Estos son algunos de los derechos de los consumidores:

– Recibir productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, insumos del servicio y de seguridad establecidos.
– Recibir protección contra la publicidad comercial falsa o engañosa y práctica desleal de los proveedores.
– Satisfacer sus necesidades con un adecuado y oportuno abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, con especial atención a los grupos vulnerables.
– La protección de sus intereses económicos, que les permita adquirir productos y servicios con adecuada relación calidad-cantidad-precios, recibir la factura o comprobante de venta en los servicios que se establezcan o se soliciten por el cliente, así como la entrega completa del dinero que excedió al efectivo entregado por el bien o servicio recibido, incluyendo la moneda fraccionaria.
– Comprobar el peso del producto adquirido en el área destinada al respecto.
– Que se muestren en un lugar visible los precios de los productos y servicios que se ofertan.
– Contar con garantía, compensación, indemnización y reparación por daños y perjuicios causados, cuando corresponda.

– Disponer de vías y mecanismos para tramitar cualquier insatisfacción, reclamación, conflictos entre consumidores y proveedores por daños, individuales o colectivos, tanto por la vía administrativa como judicial.
– Que se le dispense un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran.
– Otros.
Dentro de los deberes de los consumidores figuran:

– Realizar una valoración justa y objetiva sobre sus relaciones de consumo.
– Informarse sobre las características de los productos y servicios antes de efectuar el acto de compra.
– Ejercer el derecho a defenderse ante cualquier insatisfacción en el acto de consumo.
– Manifestar su inquietud de forma respetuosa.
– Respetar las normas y requisitos establecidos por el proveedor en el intercambio de bienes y servicios.
– Cumplir con las normas de conducta y cuidado de la propiedad social, acorde con las exigencias o requisitos del lugar donde adquiere el bien o servicio.
– Contribuir al cuidado del medio ambiente y a la protección de sus recursos.
¿Adónde acudir para presentar sus quejas y reclamaciones?

En el caso del servicio estatal:

– Unidad donde recibe el servicio o instancias a las que se subordina.
– Direcciones Estatales de Comercio y direcciones de Comercio.

– Dirección de Protección al Consumidor del Mincin.

En el caso de las formas no estatales son las siguientes:

– Al presidente de la cooperativa o al titular autorizado de la forma de gestión no estatal, según corresponda.
– El órgano, entidad nacional u organismo de la Administración Central del Estado que crea la cooperativa y la entidad arrendadora relacionada con esta última, cuando proceda.
– Las entidades arrendadoras de locales en los casos de los trabajadores por cuenta propia arrendados.
– Direcciones Estatales de Comercio y direcciones de Comercio de Artemisa, Mayabeque, y del municipio especial Isla de la Juventud.
– Dirección de Protección al Consumidor del Mincin.

Por Ada Durán

¿Favor que se nos hace?

merchandising_decision_de_compraNo nos engañemos, usted como consumidor en algún momento sintió ese impulso de reclamar y hacer valer sus derechos ante cualquier violación, muchas veces de manera insatisfactoria.

Frente a las continuas irregularidades a las que nos sometemos diariamente en diversos escenarios, urgen respuestas concisas y evidentemente legales.

Además de la enrevesada política de precios y cuestionable calidad de varios productos y servicios hoy día, son usuales las dificultades con el abastecimiento de artículos de primera necesidad o de las marcas más demandadas y asequibles en comercios estatales -la mayoría de producción nacional- ya sea por incumplimiento de contratos, planes o materias primas por parte de los proveedores para su elaboración.

Resulta común participar de diálogos colectivos donde algunos de los presentes se quejan de la atención del personal, las ofertas, los cierres injustificados antes de hora, rigidez de horarios o el tiempo que pierden en determinadas cafeterías o tiendas.

En ocasiones, cuando vamos en búsqueda de “los mandados” a la bodega, dudamos frente a la balanza al percatarnos que faltan libras de arroz o que la bodeguera, por ejemplo, con sólo observar conoce el peso exacto del producto a despachar.

Asimismo, hemos sido testigos en ciertos establecimientos por cuenta propia de que los precios no se corresponden con los servicios brindados o que la cuenta final puede llegar un poco “por encima” de lo que efectivamente debe pagarse. Realmente, la atención al consumidor en estas formas de gestión también ostenta sus grietas, quizás heredadas de mañas provenientes de entidades estatales a las cuales se les cuestiona poco.

Es cierto que como país afrontamos problemáticas –de carácter externo e interno- con auténtico impacto en la infraestructura productiva, eficiencia económica, distribución equitativa de ingresos, motivación por el trabajo y en el comportamiento social. Sin embargo, dicho contexto no puede ni debe desembocar en la cultura del maltrato.

¿Dónde reclamar y hacer valer nuestros derechos? ¿Es suficiente desde lo legal en materia de defensa de los consumidores?

Existen mecanismos que nos protegen, pero no son suficientes desde mi punto de vista. No bastan resoluciones, disposiciones, artículos, acuerdos o circulares cuando de mala fe se actúa y la poca y fraccionada observancia sobre el cumplimiento de estas medidas termina por solapar el proceder incivil en muchos casos. A esto hay que agregarle que el cliente usualmente no conoce del todo la legislación al respecto y las vías jurídicas oportunas para encauzar sus reclamos.

Los inconvenientes en este sentido necesitan ser enfrentados cívica, ordenada y legalmente. Dejar a la libre espontaneidad su resolución es invitarlos a pulular. La dirección del país es consciente de que constituye un imperativo accionar en contra de este tipo de maltrato a la población. ¿Quién dice que atender correctamente al ciudadano es un favor que se le hace?

por Carlos Marcos Calzadilla